Desde que se redactó la Constitución de Filadelfia en 1787, el espíritu de Montesquieu ha sobrevolado la mayoría de constituciones proferidas durante los últimos dos siglos, afianzando el equilibrio de poderes como el leit motiv, la causa principal del constitucionalismo moderno.
El diseño institucional de los constituyentes suele partir de la idea de la división del poder público, aún en casos de monarquías que se convirtieron por esa gracia en no absolutistas; mucho más en las autodenominadas repúblicas, en donde el equilibrio de poderes junto a la alternancia en el poder, se han convertido en los pilares del republicanismo democrático.
El equilibrio de poderes se refiere a la contención del poder, con miras a evitar despotismos o satrapías, lo cual resulta de importancia en contextos como el latinoamericano, en donde fallas en el diseño constitucional, han permitido el florecimiento de autoritarismos a partir de un hiperpresidencialismo exacerbado, con la consecuente falta de controles y la reconfiguración cooptada del Estado en beneficio de los intereses del detentador del poder.
En Colombia, el constituyente de 1991 tuvo especial cuidado en plantear un diseño institucional del Estado, fundado en la concepción montesquieuana del equilibrio de poderes, garantizado por un sistema de pesos y contrapesos que, en algunos momentos recientes de la historia republicana, han funcionado bien, a pesar de lentejas y mermeladas y otros eufemismos similares que pretenden describir el ejercicio transaccional en las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo.
En las últimas semanas la agenda noticiosa, y de alguna manera la agenda pública, ha virado a la decisión gubernamental de someter a consulta popular los puntos neurales de las reformas laboral y a la salud que fueron objeto de rechazo en el seno del Congreso.
Este hecho ha sido interpretado por muchos como una ruptura del equilibrio de poderes, en la medida en que consideran que el desconocimiento de las decisiones de un poder como el legislativo, en cabeza de otro poder como lo es el ejecutivo, conllevan a desconocer el sistema de pesos y contrapesos al imponer al Congreso las decisiones de un gobierno que recurre a las calles como mecanismo de presión, anticipando, en cierta manera, la campaña presidencial del próximo año.
A su vez, quienes comparten la visión del gobierno, consideran que el principio democrático es la esencia del republicanismo y que la calle es el último lugar para el ejercicio de la soberanía popular, por lo que se trata del sostenimiento de la democracia misma, a partir de la resistencia del pueblo frente a ciertos grupos enquistados en diferentes esferas de poder en los órganos estatales.
Cada bando dice defender la democracia, reiterando la necesidad de mantener un equilibrio de poderes desde dos visiones distintas. Al final, la razón dependerá de quien logre imponer su visión de lo que considera democracia, a partir de la aprobación o hundimiento de la consulta popular.
Carlos Felipe Rúa Delgado
Profesor Tiempo Completo Facultad de Derecho
Universidad de San Buenaventura Cali
