Solemos pensar las ciudades como conjuntos de edificios, calles, parques y avenidas. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos por las decisiones que determinan su configuración. ¿Por qué algunos sectores cuentan con amplias zonas verdes mientras otros apenas disponen de espacios públicos? ¿Por qué el acceso a un ambiente saludable parece depender del barrio en el que se vive? Y, sobre todo, ¿puede considerarse justa una ciudad que distribuye desigualmente las condiciones necesarias para habitarla dignamente? Estas preguntas nos conducen a una cuestión fundamental: la justicia también tiene una dimensión espacial.
Junto con Sofía García Guzmán y Álvaro José Angulo Patiño, abordamos esta problemática en el artículo de investigación “Espacios justos y el derecho a la ciudad desde la Ley 2173 de 2021 en Santiago de Cali”, publicado en la revista científica Iustitia. En él examinamos las relaciones entre el derecho a la ciudad, la justicia espacial y la protección ambiental, tomando como referencia una disposición normativa que invita a reconsiderar las obligaciones del Estado frente a la configuración del territorio.
El punto de partida es sencillo: habitar una ciudad no significa necesariamente disfrutar de ella en condiciones de igualdad. La localización de los equipamientos públicos, la disponibilidad de infraestructura y el acceso a zonas verdes expresan decisiones institucionales que pueden reproducir desigualdades o contribuir a superarlas. Como planteaba Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad supone algo más que residir en un espacio urbano: implica participar en su producción y transformación. Esta perspectiva encuentra un complemento en la justicia espacial, que reconoce cómo las desigualdades sociales también se manifiestan territorialmente. La injusticia no solamente ocurre dentro de la ciudad; también puede producirse mediante la manera en que esta se organiza.
En este contexto, la Ley 2173 de 2021, orientada a promover la restauración ecológica mediante la siembra de árboles y la creación de bosques, permite reflexionar sobre las relaciones entre protección ambiental y justicia territorial. Su importancia, sin embargo, no debería reducirse a indicadores de cumplimiento. Sembrar árboles no equivale necesariamente a construir una ciudad justa. Una política ambiental puede registrar avances cuantitativos significativos y mantener, simultáneamente, profundas desigualdades en la distribución de sus beneficios.
La cuestión verdaderamente relevante no consiste únicamente en cuántos árboles se siembran, sino en dónde se siembran, quiénes participan en esas decisiones y qué comunidades resultan beneficiadas.
Santiago de Cali constituye un escenario particularmente significativo para esta discusión. Sus contrastes territoriales y ambientales evidencian la necesidad de superar una comprensión exclusivamente administrativa del ordenamiento territorial. Planificar la ciudad también significa decidir sobre las oportunidades de vida de sus habitantes.
Aquí aparece uno de los principales desafíos del derecho contemporáneo: superar la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y las condiciones materiales para ejercerlos. La expedición de normas constituye un avance institucional, pero su existencia no garantiza, por sí misma, transformaciones sociales. Por ello, pensar jurídicamente los espacios justos exige reconocer que las decisiones sobre el territorio tienen consecuencias sobre la dignidad humana, la igualdad y la protección ambiental.
Invito a leer nuestra investigación, publicada en Iustitia, donde profundizamos en estas relaciones y proponemos una reflexión sobre las posibilidades jurídicas de construir espacios urbanos más equitativos. Porque el derecho a la ciudad no puede limitarse a la posibilidad de habitar un territorio. Debe comprender también el derecho a que ese territorio pueda ser habitado con justicia.
Lee el artículo completo: https://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/IUSTITIA/article/view/3360
Tirson Mauricio Duarte Molina
Docente Programa de Derecho.
