Empecemos por el principio. En 1819, ante el Congreso de Angostura, Simón Bolívar propuso dividir a los ciudadanos en “activos y pasivos” para poner un “primer Dique a la licencia popular” y evitar elecciones populosas e ignorantes. ¿Por qué tanta mesura del libertador frente al voto? Recordemos que nuestras independencias fueron revoluciones conservadoras, lideradas por las élites criollas que habían sacado la mejor tajada del régimen colonial y temían perder más de 200 años de privilegios si dejaban participar a cualquiera. Aunque en 1826 Bolívar afirmó en Bolivia que el poder público exigía «saber y honradez, no dinero», nuestro estado nació con fuertes restricciones al derecho al voto, igual que al de ser elegido.
Entre 1812 y 1815, aunque cada provincia determinaba sus reglas, lo más frecuente era que sólo se permitía votar a los varones libres mayores de 25 años, padres de familia y con renta u ocupación. Para 1821, la Constitución de Cúcuta flexibilizó un poco las cosas: bajó la edad a 21 años o ser casado, pero exigió poseer propiedad raíz de cien pesos, “defecto” que según define el parágrafo 4 del artículo 15 de dicha constitución se soluciona con
“el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil, con casa o taller abierto sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente” (Constitución de 1821)
También exigió saber leer y escribir, pero aplazó la condición hasta 1840. El debate de la época versaba sobre la importancia de este requisito, pero a la vez sobre lo injusto de exigirle esto a un pueblo hundido en la ignorancia impuesta por siglos de colonialismo, tal y como lo menciona Bolívar en el precitado Congreso de Angostura:
“Uncido el Pueblo Americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía, y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son los más destructores” (2019
Pero este camino es una historia de avances y retrocesos. Tras la Guerra de los Supremos, la Constitución de 1843 subió el requisito a 300 pesos en propiedades o 150 de renta anual. Líderes como Mariano Ospina Rodríguez decían,
“Por otra parte, siendo los hombres que tienen que perder, los que arriesgan con una mala eleccion ya sea de los jefes de la Republica, ya de los Lejisladores, a ellos solo corresponde designar los candidatos que les convengan, i poner en accion los medios licitos de obtener su eleccion” (Legislatura, 1844, En: El Ciudadano Mariano Ospina Rodríguez, compendio de sus principios (1856)
Por parte, 1853 trajo el voto directo, secreto y universal para los varones mayores de 21 años o casados, sin requisitos de riqueza ni lectura. Como dato curioso, los conservadores apoyaron esta idea liberal confiando en que los campesinos votarían guiados por los párrocos
locales. Esto podría explicar, al menos en parte, el triunfo electoral del conservador Ospina Rodríguez en 1856.
Como dato curioso, pero importante, cabe acá resaltar que en noviembre de 1853 la Provincia de Vélez (Santander) aprobó el voto femenino al declarar electores a «todos los habitantes» de la provincia, lo que incluía a las mujeres. Por breve tiempo y 100 años antes dl acto legislativo que aprobó el voto de las mujeres, Vélez ya lo había hecho. Sin embargo, este derecho nunca fue estrenado, pues en 1855 la Corte Suprema lo anuló.
Tras el federalismo de 1863, donde cada Estado establecía sus reglas, la Constitución de 1886 marcó un gran retroceso al exigir nuevamente leer y escribir, renta de 500 pesos o propiedad de 1.500. Tuvimos que esperar hasta 1936 para que volviera el sufragio universal masculino, eliminando definitivamente —eso espero— los filtros de riqueza y alfabetización.
Impulsados por la violencia partidista de los años 30 y 40 los líderes políticos intentaban construir garantías que dieran credibilidad y transparencia al sistema electoral como la cédula de ciudadanía en 1929) y la Registraduría en 1948.
En 1954 las mujeres lograron al fin tener derecho al voto y lo estrenaron en el Plebiscito de 1957 con una concurrencia récord del 81,2 % de los cedulados. Paradojas de la historia: como señala el profesor Javier Duque, ese plebiscito inauguró el Frente Nacional, una democracia pactada y limitada donde los terceros debían “camuflarse para no parecer ni perecer” (2021). Finalmente, en 1975, bajamos la edad a 18 años; resultaba extraño, por decir lo menos, que los jóvenes pudieran empuñar un arma en el servicio militar obligatorio, pero pudiéramos votar.
Eliminadas las barreras de riqueza, sexo y edad, ahora el debate es sobre las barreras prácticas, simbólicas y administrativas que enfrentan diversas poblaciones para poder acceder plenamente al uso de su derecho electoral. Si bien, no tenemos un voto censitario formal, si lo tenemos en algunos casos de manera informal: aunque no existan barreras de riqueza para votar, la pobreza sigue siendo un factor que limita el goce pleno del derecho (tema para otra columna) y aunque una mujer trans, pueda ir a votar, son muchas las barreras que encuentra cuando quiere hacer uso de este derecho.
Quiero terminar con una reflexión. Quizás – yo al menos estoy seguro – conocer la historia no evite repetir errores, pero tal vez sí nos pueda ayudar a valorar algunas de las cosas que tenemos hoy. Reconocer que el derecho a votar de todos los y las mayores de 18 años, a pesar de los problemas que todavía tenemos, no ha sido un camino fácil ni corto y es producto de una cadena de avances y retrocesos, de aprendizajes y evaluaciones de la sociedad y nuestras instituciones; que si bien tener elecciones y sufragio universal no es igual a tener democracia, no se puede tener democracia sin elecciones ni sufragio universal.
Carlos Ruiz Soto
Profesor del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales
