Tenía solo tenía 19 años, un hijo en brazos y un destino que la retó desde muy temprano.
Desorientada por una ley que habla un idioma diferente y un juez que no entiende su urgencia, acceder a un sistema en el que su real necesidad quizás superaba con creces lo que en un estrado judicial le concederían, un sistema que premia la precaria intermitencia de un hombre, a quien el sustantivo de padre es de un tallaje mayor.
Llegó al consultorio jurídico y con una mirada desconsolada se dirige al estudiante a quien llamó doctor, un amateur que aun sin título, desbordaba de una emoción inexplicable conjugada con el miedo de defraudarla, mientras recordaba sus clases de derecho de familia, las imágenes de los artículos de un código que quizás se quedaban cortos ante tan imperiosa necesidad.
En el camino de la formación del abogado, asumir la labor titánica de inspirar el arraigo de dos pilares fundamentales, la justicia social y la búsqueda constante de la equidad en su acceso, el cual no deberá jamás depender de las condiciones económicas que rodean a quien a gritos piden una dosis de justicia ante una inminente necesidad de esta.
En palabras de Martin Böhmer (2007), en su escrito Igualadores y traductore, la Ética del abogado “La distribución de los abogados entre quienes los requieren no puede estar relacionada con el dinero que tengan sus clientes, ni con su particular situación geográfica, ni con sus capacidades para acceder a los edificios públicos, o para atender el lenguaje oral o escrito del derecho, ni con su género, raza o situación social, para nombrar sólo algunas de las barreras que dificultan el acceso a la justicia”.[1]
Los consultorios jurídicos, quienes emergen desde la necesidad de un verdadero medio de proyección social, cuya finalidad va más allá de ser una asignatura más del programa de derecho cuya filantropía se arraiga en la formación integral de los futuros profesionales del derecho y en las necesidades que surgen del día a día de las variables y matices que integran las relaciones humanas.
En un país permeado por un conflicto que encuentra sus orígenes precisamente en esa distante relación entre el Estado y la comunidad, donde esta última percibe al sistema como su mayor y más grande detractor.
Un país donde las personas se enfrentan a diferentes barreras en el acceso a la justicia, las cuales según el informe de JUSTICIA COMO VAMOS (2024), las principales de estas se encuentran representadas en desconfianza en la justicia, la percepción en la complejidad de los procesos, los altos costos que representa su acceso y la necesidad de contratar abogados son entre otras las barreras con más arraigo en la percepción de los colombianos.[2]
Pero, la pregunta es entonces… ¿Cuál es el rol de los consultorios jurídicos en el acceso a la justicia y como está la recepción en cuanto a estos?
Los consultorios jurídicos son entonces la imagen más próxima a un redentor de una justicia más cercana, en línea con la percepción reflejada en el informe de Justicia como Vamos 2024, en este, los consultorios jurídicos se ubican en primer lugar de favorabilidad y credibilidad en las instituciones, con un porcentaje de 64% representan la institución en la que los ciudadanos más creen al momento de acceder a la justicia, lo cual evidencia claramente el rol determinante de los consultorios jurídico en Colombia, quienes trabajan para que el derecho y el acceso a la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en lo que es y debería ser un derecho de todos y para todos.
[1] BÖHMER, Martín. Igualadores y traductores: La ética del abogado en una democracia constitucional. En COURTIS, Christian y VILLAREAL, Martha, (Coordinadores).
[2] Justicia como vamos: Percepción y oferta del Sistema de Justicia en Colombia (2024)
Milena Patricia García Martínez
Directora Consultorio Jurídico
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad San Buenaventura Cali
