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Artículo de opinión ·

La Unión Europea, busca liderar grandes apuestas por la sostenibilidad ambiental y la protección de los derechos humanos, es así como el próximo 30 de diciembre de 2024 entra en vigencia el Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, el cual regula la comercialización en la Unión Europea de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, tales como cacao, café, soja, caucho, madera, ganado vacuno, palma de aceite y sus derivados, exigiendo que estén libres de deforestación, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, y que estén amparados por una declaración de diligencia debida.

En esta misma línea, finalizando el mes de abril de este año, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad y Derechos Humanos y una regulación que prohíbe la importación, exportación o comercialización al territorio de la Unión Europea de cualquier producto que haya sido producido, en todo o en parte, con trabajo forzoso

Debemos tener presente que gestionar adecuadamente los impactos en derechos humanos se ha convertido en un factor clave de competitividad para las empresas, ayudando a su inserción y permanencia en los mercados económicos. Además, responde a las expectativas crecientes de inversionistas y clientes, y minimiza el riesgo jurídico.

Esta regulación a nivel internacional impactará no solo empresas europeas, sino empresas exportadoras del mundo entero o aquellas que son cadena de valor de Europa. Esto sin mencionar que países como Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega, entre otros, cuentan con legislación al respecto. Y que, en países como Colombia, ya existen iniciativas legislativas al respecto.

En la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de San Buenaventura Cali  hemos diseñado un curso intensivo sobre debida diligencia, donde expertos reconocidos a nivel local e internacional compartirán su conocimiento, y les guiaran en los nuevos requisitos internacionales y locales, para que las empresas puedan gestionar adecuadamente sus riesgos en Derechos Humanos.

Stefanny Bravo González

Docente investigadora del programa de Derecho

Coordinadora Académica de la Especialización en Derecho Laboral y de Seguridad Social

Universidad San Buenaventura Cali

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