El pasado 09 de septiembre, concluyó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas “Para la vida, la paz y el desarrollo”, en la Ciudad de Cali. Las altas autoridades, y delegaciones de 19 países latinoamericanos, convocados por los Presidentes Gustavo Petro Urrego (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), se reunieron con el objetivo de construir una nueva alianza hemisférica antinarcóticos en respuesta al fracaso histórico de la Lucha Contra el Problema Mundial de las Drogas, que estuvo liderado por Estados Unidos en más de dos décadas.
El Documento Final resultó como propuesta para transformar las acciones de responsabilidad compartida a una nueva perspectiva de Seguridad Humana. Sin embargo, aunque pareciera comprometer enérgicamente a los Estados en una lucha contundente contra este fenómeno, será sumamente difícil transformar el paradigma de seguridad, si no se impactan los factores habilitantes de la criminalidad y no se reconoce la mutación de los modos de operación de la criminalidad que ha evolucionado hasta la cooptación de los mercados legales y las instituciones políticas. Es por ello que, propongo dos reflexiones importantes sobre esta estrategia:
En primer lugar, los Estados Latinoamericanos deben reconocer la mutación de la criminalidad a la vinculación de los mercados legales.
De acuerdo con la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), por “grupo delictivo organizado” se entiende: un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Aunque su naturaleza delictiva siga intacta, en Latinoamérica, las conocidas “mafias” han dejado de operar bajo el modelo “padrino” (como una estructura cerrada y direccionada por redes familiares), y han evolucionado hacia modelos empresariales, como es el caso de la Delincuencia Organizada en el Valle del Cauca, Colombia.
El mercado de la droga no es el único lucrativo para la delincuencia, ahora la sociedad civil es permeada por nuevas modalidades de vinculación a los mercados legales; y es que el poder territorial que logran ejercer estos grupos (asociados con la corrupción) se alcanza con la inserción en el mercado de bienes y servicios a través de: la extorsión a grandes, medianos y pequeños empresarios; la asociación comercial forzada a los gremios de producción local; y la posterior consecución del monopolio de mercado de alimentos de la canasta familiar en territorios.
En segundo lugar, los Estados Latinoamericanos deben reconocer la ventaja del Mercado Criminal sobre la Resiliencia Institucional.
En el caso de Colombia, el Informe del SIMCI de la Oficina de la ONUDC, refirió que la Región del Pacífico en el año 2018 se convirtió en el “eje del narcotráfico” al contar con la mayor cantidad de cultivos de coca (62.446 hectáreas cultivadas) y el mayor potencial de producción de cocaína (509 Toneladas Métricas). Así mismo, la presencia multiactor de la criminalidad transnacional en el país, vinculada con otros actores del conflicto armado, han ejercido violencia sobre el territorio, dejando en evidencia serios cuestionamientos sobre la capacidad institucional para enfrentar esta amenaza.
En perspectiva de Las Américas, de acuerdo con el Global Organized Crime Index, el 42% de los Estados que asistieron a esta Conferencia, se encuentran en el Top10 de países con un problema crítico de tráfico de clorihidrato de cocaína; entre ellos, Colombia ocupa el primer lugar a nivel continental y mundial, al representar la exportación de más del 70% hacia el mundo; seguido por México, Brasil, Perú, y Venezuela. Pero la otra cara de la moneda, nos refiere que solo el 26% de estos Estados cuentan con un nivel de resiliencia institucional -relativamente alto- para enfrentar el problema hemisférico a través de: la gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Finalmente, la economía criminal conexa a la producción y tráfico de drogas, tiende a ser mucho más amplia y multidimensional; la Lucha Contra el Problema de las Drogas marcará su destino proporcional a la atención de estos factores y al compromiso de los Estados que representan la demanda; pero más allá de ello, debemos destacar que la conferencia logró posicionar en el mapa de la Comunidad Internacional al Pacífico Colombiano, al Valle de Cauca y la Ciudad de Santiago de Cali, como el nuevo epicentro para la concertación multilateral sobre la vida, la paz y el desarrollo de Las Américas, y como una prioridad de atención en seguridad para el Gobierno Nacional.
Isabella Marín-Jiménez
Docente TC – Gobierno y Relaciones Internacionales
Coord. Componente de Relaciones Internacionales
Programa de Investigación de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales
Adscrita al Grupo de Investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política –GIPCODEP-
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Correo: imarin@usbcali.edu.co
