El incremento del IPC en el año 2022 ha puesto en jaque el precio de la matriculas de la educación superior en Colombia. Con incrementos que en este año tienen un promedio alrededor del 10% y 12.5% de aumento en su costo. Sin embargo, hay varios aspectos sobre los que nosotros como sociedad debemos reflexionar.
Partamos de una premisa que ha sido esgrimida por diversos actores de la educación superior, la frase: “La calidad de la educación es costosa”. Ciertamente, por el valor de toda cadena de costos, un mejor producto o servicio, requiere de una mayor inversión en recursos, por ende, la frase anterior tiene un asidero en la realidad.
Sin embargo, la veracidad de la frase es relativa, si pensamos en los siguientes aspectos: Ineficiencia en el manejo de los recursos financieros, gravísimos problemas de corrupción, gobernanza irrazonable, y el funcionalismo de corto vuelo.
Además, el que considero, es el mayor de todos los problemas: la pérdida teleológica del papel que debe tener la universidad dentro de un esquema de desarrollo social y la aspiración real de una sociedad más equitativa.
El problema en torno a los fines de la educación superior podría remontarse a los lineamientos que ya el Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo establecían desde el seminario realizado en Washington del 15 al 19 de noviembre de 1976.
La cuestión es, que ese seminario, junto a otra serie de iniciativas de las entidades multilaterales, sentaron las bases ideológicas para transformar el concepto de educación superior como derecho y servicio público, hacia un concepto de educación administrado con base en el éxito de las empresas privadas.
Con un agravante todavía aun mayor, y ha sido la pretensión instaurada por Pastrana (1998), continuada por Uribe, Santos y Duque, de que si el modelo de sociedad exitosa y de crecimiento económico es el de Estado Unidos; entonces, el propósito de nuestra sociedad es reproducir el sistema educativo norteamericano.
Los problemas de ese principio ideológico parece que no se están poniendo en duda; y debemos caer en la cuenta, que no tenemos el PIB, ni la cultura empresarial, ni los recursos; y tampoco controlamos las entidades que determinan la cadena de valor del concepto de calidad, como si lo tiene la sociedad norteamericana.
Entonces, uno de nuestros problemas fundamentales es de direccionamiento a propósito de los fines de la educación superior, y de ser coherentes con la sociedad que queremos.
La verdad es que nos quejamos, pero la realidad es que tenemos el sistema de educación superior, y sus costos, porque durante cuarenta años hemos tomado las decisiones para que en efecto las cosas sean así, y no distintas.
Por: Mauricio Montoya Londoño Ph. D
Doctor en filosofía. Director del Doctorado en Derecho y profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Buenaventura, Cali.
