El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro próximo a San José del Palmar, Chocó, y efectos importantes en diferentes ciudades del occidente colombiano, entre ellas Cali, obliga a revisar la relación entre norma, territorio y gestión del riesgo. Reconocido como el de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI, el evento volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad sísmica del territorio nacional (Servicio Geológico Colombiano, 2026). La lección para Cali no consiste en desacreditar el marco colombiano de construcción sismorresistente, sino en examinar la distancia entre el conocimiento técnico disponible, su aplicación efectiva y las condiciones concretas de ocupación del territorio.
Colombia cuenta con una tradición normativa consolidada en materia de construcción sismorresistente. El Decreto 1400 de 1984 constituyó el primer código nacional, desarrollado después del terremoto de Popayán de 1983. Posteriormente, la Ley 400 de 1997 estableció criterios mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones sometidas a fuerzas sísmicas y definió responsabilidades profesionales e institucionales. Sobre este marco se adoptó el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 mediante el Decreto 926 de 2010.
La seguridad sísmica, sin embargo, no depende exclusivamente de la existencia de una norma. La Ley 400 contempla responsabilidades para diseñadores, revisores, constructores y supervisores, además de mecanismos para evaluar la vulnerabilidad de edificaciones existentes. Los planos aprobados deben corresponder con aquellos utilizados durante la construcción. La seguridad resulta, por tanto, de una cadena de decisiones que comienza en la planificación y el diseño y continúa durante la construcción, ocupación, mantenimiento y eventual reforzamiento (Congreso de Colombia, 1997).
Este desarrollo normativo ha estado acompañado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). En este contexto, el AIS 100-24 constituye una actualización técnica del AIS 100-09 y una propuesta de actualización de la NSR-10. Su importancia radica en mostrar que el conocimiento científico y técnico continúa evolucionando. Es necesario diferenciar, por ello, entre el reglamento legalmente vigente y los documentos técnicos que constituyen propuestas para su actualización (AIS, 2024).
Norma y territorio
Cali exige leer la norma desde el territorio y no únicamente desde el expediente técnico. La ciudad se encuentra en un entorno sismotectónico complejo y activo, y presenta una condición de amenaza sísmica alta. Además, existen diferencias significativas en las características geológicas y geotécnicas de sus suelos, que pueden modificar la propagación y amplificación de las ondas sísmicas. La microzonificación sísmica reconoce estas variaciones y considera variables como la aceleración del terreno, la respuesta sísmica superficial, la susceptibilidad a movimientos en masa y el potencial de licuación.
Esta condición obliga a superar una lectura homogénea de la ciudad. Construir en Cali significa intervenir sobre un territorio compuesto por diferentes unidades geomorfológicas, pendientes, depósitos y condiciones geotécnicas. La microzonificación constituye un instrumento fundamental para trasladar el conocimiento geocientífico hacia las decisiones de planificación y diseño. La amenaza no es idéntica en todos los lugares y, en consecuencia, tampoco deberían serlo las estrategias de reducción del riesgo.
A esta condición se suma la presencia de fuentes sísmicas regionales y locales. Estudios desarrollados en Cali y el suroccidente colombiano han identificado sistemas de fallas próximos, entre ellos Cali-Patía y Dagua-Calima, dentro de un contexto tectónico asociado a la interacción entre las placas de Nazca y Suramericana (Universidad del Valle, 2023). Aunque esta configuración no permite predecir cuándo ocurrirá un terremoto ni su magnitud, sí confirma que la amenaza sísmica debe asumirse como una condición permanente de la planificación territorial.
De la norma a la construcción
El cumplimiento normativo implica más que satisfacer un listado de requisitos. Exige que el diseño arquitectónico y estructural, los estudios geotécnicos, la revisión y la supervisión funcionen como partes de un mismo sistema de seguridad. Una decisión estructural adecuada puede perder efectividad si durante la construcción se modifican elementos esenciales, se emplean materiales deficientes o se ejecutan procedimientos diferentes a los especificados. Por ello, la Ley 400 asigna responsabilidades diferenciadas a los actores que intervienen en el proceso.
Uno de los principales desafíos de Cali corresponde al parque construido existente. Una parte importante de las edificaciones fue construida antes de la consolidación del actual marco normativo y requiere procesos de evaluación para determinar su
comportamiento esperado frente a futuros eventos. Investigaciones divulgadas ampliamente han señalado niveles significativos de vulnerabilidad y la necesidad de evaluar y, cuando corresponda, reforzar edificaciones existentes (Universidad del Valle, 2023). Estas estimaciones no constituyen un inventario oficial de edificaciones inseguras, pero advierten sobre la magnitud del problema.
La situación adquiere especial importancia en las edificaciones indispensables para la recuperación de la comunidad. La Ley 400 contempla la evaluación de vulnerabilidad y actualización de edificaciones indispensables y de atención a la comunidad ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Hospitales, instituciones educativas, estaciones de emergencia e infraestructura de servicios hacen parte de la capacidad de respuesta de la ciudad frente al desastre.
Gestión del riesgo e informalidad
La gestión del riesgo articula norma y territorio. No comienza después del terremoto, sino que comprende el conocimiento de la amenaza, la identificación de la vulnerabilidad, la planificación del suelo, el control de la ocupación, la evaluación y reforzamiento de edificaciones, la preparación comunitaria y la capacidad institucional de respuesta. En Cali, la microzonificación y los mapas de amenaza proporcionan información fundamental para orientar estas decisiones.
Un desafío particular corresponde a la vivienda construida mediante procesos informales. El documento AIS 410-23, orientado a la evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de mampostería, reconoce que la reducción del riesgo no puede limitarse a edificaciones formales sometidas a procedimientos convencionales de licenciamiento. Los procesos de autoconstrucción, crecimiento progresivo y modificación sucesiva requieren asistencia técnica, capacitación y acompañamiento institucional compatibles con las condiciones sociales y económicas de los hogares.
Esta dimensión permite entender la vulnerabilidad sísmica también como una expresión de desigualdad urbana. No todos los habitantes tienen las mismas posibilidades de acceder a suelo seguro, contratar estudios técnicos, construir conforme a los reglamentos o reforzar una vivienda existente. La gestión del riesgo debe considerar las condiciones que producen determinadas formas de ocupación. La seguridad sísmica es también una dimensión de justicia territorial.
Una lección para Cali
El terremoto del 10 de agosto de 2026 no autoriza, por sí mismo, a desacreditar el marco colombiano de construcción sismorresistente. Por el contrario, permite reconocer la importancia de una tradición normativa que ha incorporado progresivamente el conocimiento científico y técnico. El desafío está en cerrar la brecha entre esa capacidad normativa y las condiciones reales de construcción y ocupación del territorio.
Para Cali, esto significa asumir la amenaza sísmica como una condición permanente; utilizar la microzonificación y el conocimiento geotécnico como instrumentos efectivos de planificación; evaluar progresivamente el parque construido; fortalecer la supervisión y el control de las obras; intervenir la vulnerabilidad de la vivienda informal; proteger las edificaciones indispensables y articular la gestión del riesgo con el ordenamiento territorial.
La responsabilidad de autoridades, profesionales, universidades, constructores y ciudadanía consiste en transformar el conocimiento sísmico en cultura de proyecto y de territorio. El próximo terremoto no podrá ser evitado, pero sus consecuencias sí pueden ser modificadas. La verdadera lección del 10 de agosto no está únicamente en cuánto resistieron las estructuras, sino en qué tan preparada está Cali para convertir la norma en una práctica permanente de construcción de seguridad, habitabilidad y territorio.
Docente Arq. Gustavo Adolfo Arteaga Botero.
En la Universidad de San Buenaventura somos expertos, conscientes de las exigencias del mercado y trabajamos diariamente en seguirnos consolidando como la mejor universidad para estudiar arquitectura en Cali y en el Suroccidente colombiano.
