Si bien Colombia ha venido avanzando en la incorporación de criterios de sostenibilidad en las edificaciones, tanto mediante certificaciones privadas como EDGE, CASA Colombia y LEED, como a través de sellos regionales o programas de reconocimiento público, como SCCS – Sello Cali Construye Sostenible y Bogotá Construcción Sostenible, por mencionar algunas, estas iniciativas aún no constituyen normas de obligatorio cumplimiento.
La única normativa que busca establecer dicha obligatoriedad fue inicialmente la Resolución 0549 de 2015 y, posteriormente, su actualización mediante la Resolución 0194 de 2025, actualmente vigente. Sin embargo, esta última aún presenta limitaciones en cuanto a su implementación y validación, ya que no se encuentra plenamente normalizado el proceso de verificación ni existe claridad sobre las entidades responsables de ejercer dicha labor de verificación del cumplimiento. Además, muchas de las posibles entidades encargadas presentan limitaciones técnicas y operativas para asumir estas funciones.
Por otra parte, la Resolución 0194 de 2025, se centra en el ahorro de agua y energía, dejando por fuera otros aspectos fundamentales de la construcción sostenible, tales como la calidad del ambiente interior, el confort, los materiales, la gestión de residuos, economía circular, urbanismo sostenible, entre otros. En consecuencia, se deja en un segundo plano un aspecto esencial: poner al ser humano y al usuario en el centro del diseño, que priorizaría la calidad ambiental interior, el bienestar de quienes ocupan los espacios, y el entorno donde se construye, más allá del simple cumplimiento de metas de ahorro de esos dos ítems.
Es precisamente en este contexto donde las certificaciones y programas regionales buscan llenar dichos vacíos. Estas iniciativas procuran ir más allá de los alcances de la Resolución 0194 de 2025, incorporando una visión más integral y holística de la sostenibilidad, abordando diferentes dimensiones del desempeño ambiental y social de las edificaciones. No obstante, presentan la limitante de ser mecanismos voluntarios, de libre adopción por parte de promotores y constructores, lo que restringe significativamente su alcance y masificación.
Como consecuencia, se ha generado una tendencia a catalogar como sostenibles edificaciones que únicamente incorporan algunas medidas básicas de ahorro de agua o energía, sin cumplir realmente con una visión integral de sostenibilidad. Esto ha llevado a una banalización del concepto de sostenibilidad, reduciéndolo a criterios parciales que no reflejan la complejidad y amplitud de lo que implica una construcción verdaderamente sostenible.
Si bien la transición hacia edificaciones más sostenibles debe ser un proceso gradual y progresivo, que permita a la industria adaptarse sin generar sobrecostos abruptos, también es necesario que la regulación evolucione y amplíe progresivamente su alcance hasta alcanzar niveles más exigentes de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, en el contexto colombiano actual se percibe un estado de relativo estancamiento, incluso en la implementación efectiva de la propia Resolución 0194 de 2025.
Uno de los principales factores que explican esta situación, es la limitada disponibilidad de profesionales con formación real y especializada en construcción sostenible, así como la ausencia de herramientas comunes y estandarizadas que permitan validar de manera objetiva
los criterios de cumplimiento. A ello se suma la falta de claridad respecto a las entidades encargadas de recibir, revisar y evaluar la documentación presentada por promotores, diseñadores y constructores, así como las limitaciones técnicas y de recursos con las que cuentan dichas instituciones.
Adicionalmente, dentro de las entidades potencialmente responsables de estas funciones, no siempre se dispone de profesionales capacitados para realizar las evaluaciones correspondientes. En este escenario surge una importante oportunidad para que las universidades se conviertan en aliadas estratégicas de las entidades públicas y privadas, aportando capacidad técnica, conocimiento especializado y talento humano calificado para suplir estas necesidades, ya sea mediante esquemas de cooperación, centros especializados, HUB de conocimiento o servicios de apoyo técnico.
De igual manera, las instituciones de educación superior tienen el potencial de fortalecer la formación especializada en construcción sostenible, combinando la enseñanza teórica con experiencias prácticas y aplicadas. Esto permitiría incrementar la disponibilidad de profesionales capacitados para atender estas necesidades actuales y futuras del sector.
Por lo tanto, esta articulación entre academia, sector público e industria podrá contribuir no solo a cerrar las brechas existentes en materia de validación y cumplimiento normativo, sino también a impulsar la incorporación progresiva de nuevos criterios de sostenibilidad de carácter obligatorio. De esta manera, los estándares de desempeño ambiental y social de las edificaciones podrían elevarse gradualmente, permitiendo que el sector de la construcción se adapte de forma continua a las nuevas exigencias y al mismo tiempo, dinamizando el mercado de productos, servicios y soluciones asociadas a la sostenibilidad.
Luis Alejandro Valencia Ojeda
Docente de Arquitectura
En la Universidad de San Buenaventura somos expertos, conscientes de las exigencias del mercado y trabajamos diariamente en seguirnos consolidando como la mejor universidad para estudiar arquitectura en Cali y en el Suroccidente colombiano.
