miércoles, 11 de diciembre de 2024
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<<Miradme: en mí habita el miedo>>
María Mercedes Carranza
Otra consternación nacional ha causado el asesinado alevoso de la niña Sofia Delgado, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Los días de espera y búsqueda, las noticias diarias y las recompensas prometidas, junto a la continua denuncia y reiteración de la defensa y cuidado de niñas y niños, parecen una redundancia en un país que tiene 441 infantes y adolescentes asesinados y desaparecidos en el año 2024, y, 886 en 2023, según la Fiscalía General de la Nación. Algunos casos con mayor exposición mediática, pero muchos otros anclados a una especie de naturalización o invisibilidad recurrente. Al parecer, la regularidad de los infanticidios configura un crimen de hondas proporciones que, sumado a otros tipos de agresiones, develan la fragilidad, vulnerabilidad y dramática situación de la infancia en Colombia. Esa es la situación de fondo, tenemos infancias desvalidas.
Lo que llama la atención y deber ser objeto de preocupación, es la existencia de una separación o desajuste entre una institucionalidad encargada, de largo tiempo, de la garantía de derechos, el cuidado y la promoción del desarrollo integral de esta población y, los casos que como el de Sofia, se presentan sistemáticamente. Esto podría permitirnos pensar en un cuestionamiento profundo de las instituciones que deben garantizar la vida y los derechos de niños/as y adolescentes. Al listado de instituciones, además de la gubernamental y la familia, se deben incluir la escuela y la iglesia.
La sensación de desprotección institucional tiende a expandirse con la ocurrencia de cada caso. Es cierto que existen programas de atención, campañas mediáticas, discursos de defensa acérrima de estas poblaciones, pero no se ha logrado prevenir la comisión de los crímenes y, a falta de ello, las respuestas devienen después del suceso como actos “reparadores” de las familias que, ante la ausencia inevitable, solo les queda tramitar su duelo. Y, así, hasta que otro caso suceda y logre ser de interés de los medios de comunicación -por su dramatismo, crueldad, sevicia o presión social-, y aquellos otros seguirán el camino de la naturalización y el olvido. La desprotección supone, en tal sentido, dos situaciones complejas: de un lado, la precariedad preventiva y, de otro, el declive de las instituciones en su función protectora.
Ahora bien, una pregunta surge de estos hechos: ¿cuál es lugar social, ético y antropológico de los adultos ante las infancias?. La pregunta surge porque los infanticidios los comenten adultos, por tanto, ello devela una figura de quien debería proteger pero que, por diversas razones, agrede. No son todos los adultos, es cierto, pero es innegable la existencia del adultocentrismo como patrón de la seguridad, la autoridad, la norma y el deber ser sociohistóricamente legitimado. Una lectura crítica de la adultez se hace urgente, porque al mismo tiempo sería una lectura de la sociedad misma que, con razón o sin ella, ha hecho de la adultez el centro de las decisiones. Pero ¿cómo resolver la desprotección institucional y el adultocentrismo agresor?
Las respuestas no se dejan ver en el camino y se perciben muy lejanas, en un mundo que ha hecho del crimen un espectáculo. Algunas de las noticias sobre el caso de Sofia semejan las ideas previas de un guion televisivo o de película o serie de misterio u horror, donde el centro de atención es el agresor. Lograr una caracterización psicológica, rastrear su biografía, caracterizar sus relaciones familiares y su fisonomía juvenil, parecen el centro noticioso que, recurre a las comparaciones con otros casos y configuran la mediatización del agresor. No se trata de negar las noticias del caso, el punto está en cómo se abordan y cuáles son los énfasis y los mensajes que la opinión pública deber recibir. Algo más de educación, de alerta y preguntas a la sociedad, más allá del victimario, ayudaría a fomentar una cultura del cuidado que se contraponga a una especie de razón cínica: aquellos a los cuales decimos querer y defender de mil maneras, terminan siendo desvalidos de toda protección y dignidad posible.
Julio César Rubio Gallardo
Director del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales
Universidad de San Buenaventura Cali